domingo, 14 de junio de 2009

AMOS Y ESCLAVOS



La Ley que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos en las actividades primarias de Hidrocarburos (aprobada el 7 de mayo), la de Asentamientos Urbanos y la de Propiedad Social, ambas por aprobarse, y la proyectada Ley Inmobiliaria, tienen todas un punto común: atacar la propiedad privada dejando al criterio del funcionario de turno decidir cuáles son los bienes por apropiarse y cuáles serán dejados a su dueño.
De ahora en adelante, el gozo o la pérdida de tu casa o tu rancho –fuese propio o alquilado–, de tu negocio, empresa, o terreno, dependerán de la decisión de un funcionario.
Porque le dio la gana
Mientras los medios reproducen el clamor de quienes denuncian la violación de la Constitución vigente y consideran que ha sido traicionada la voluntad popular que dijo NO a esas mismas propuestas cuando rechazó la Reforma Constitucional, poco se habla de lo principal: no se trata solamente de quitarle a cada uno lo que tiene y se ha ganado, sino someter la decisión de lo que te quitan o te dejan al capricho del funcionario que decidirá, según como le dé la gana, si tus bienes son de nacionalizarlos, o si te los deja… por ahora.
Lo más grave de todas esas leyes no es solamente que afectan el derecho a la propiedad, sino que condicionan ese derecho al capricho de un representante del gobierno. Te colocan a la merced de un individuo ajeno a tu vida, el cual decidirá si te deja disfrutar de tus bienes o si te los arrebatará… legalmente.
Cada una de las leyes ya aprobadas o por aprobarse, tiene como punto común la ambigüedad. Los bienes – que pueden ser una gran empresa o simplemente el rancho por el que su dueño cobra un alquiler – caen bajo una complicada clasificación y todo dependerá de la categoría en la que encasillarán tus bienes. Difícilmente puede encontrarse un sistema más efectivo para lograr el sometimiento de una población entera. El ciudadano, rico o pobre por igual, vivirá de ahora en adelante en el temor de “perderlo todo” si su persona le cae mal al fulano que toma las decisiones. Ni siquiera es el “fulano presidente”, sino alguien que podría ser un miembro del condominio, o la mujer que lidera la junta comunal del barrio.
Es de recordar que la sociedad más clasista, la que más poder otorga a los pudientes anclados en el gobierno y la que más somete al resto de la gente a una condición de esclavos dependientes de la voluntad de esos amos, es la sociedad comunista. Al colocar lo grueso de la población bajo la voluntad de unos pocos que tienen decisión absoluta sobre la vida y hacienda de los demás, se crea la relación de amo y esclavos.
En cada una de las leyes que produce actualmente la Asamblea Nacional, se encuentra el germen de esa sociedad, escondido en frases como “el Ejecutivo nacional podrá tomar cualquier bien y declararlo de propiedad social”.
Así, así, así, es que se gobierna
El poder creado a punta de leyes inventadas para tal fin, ya se observa claramente en la forma como fueron nacionalizadas las empresas que prestan servicios a PDVSA. No es que prestaban mal el servicio ni que lo cobraban más caro, sino que la petrolera estatal dejó de cancelarles los servicios y acumuló una deuda impagable. La decisión fue simple: no pago, invento una ley y me apodero de las empresas por la fuerza. La toma fue ejecutada por la Guardia Nacional, reducida al papel de cómplice del arrebato, dejando a la intemperie a miles de trabajadores, preocupados por sus puestos y sus derechos laborales.
Callar a los medios
Las decisiones de arrebatar los bienes privados de cualquier cuantía, fuese grande o chica, son acompañados de la absoluta necesidad de callar a los medios que denuncian esos asaltos y reflejan las protestas de las víctimas, principalmente las de bajos recursos. De allí la arremetida contra los medios de comunicación “a como dé lugar”.
Difícilmente podría encontrarse una excusa tan incongruente como la que se utiliza para amenazar a Globovisión, después del temblor que sacudió el centro del país. Tras la primera sacudida, el silencio de las autoridades hizo temer a la población un desastre de grandes proporciones. Ante la creciente angustia, intervino Globovisión en la persona de su director Alberto Federico Ravell, quien se dirigió a la población con notable prudencia y de una forma impecable. Al informar que el temblor era de 5,4 en la escala de Richter y que no había reportes de grandes daños, trajo la calma al país, más no en el gobierno que utiliza ahora este servicio a la comunidad, para amenazar de cierre el canal que supo reaccionar correctamente en un momento crítico.
Otro ejemplo es el caso del periodista Nelson Bocaranda, quien de pronto se encontró blanco de un masivo ataque mediático-legal, por haber publicado una noticia de carácter muy local, intrascendente, acerca de un alcalde que no vive en su municipio. Nuevamente no hay proporción alguna entre la causa y el efecto.
De tal manera que es hora de entender, que la relación habitual causa>efecto, obedece a nuevas normas. La causa que permitirá atacar a un ciudadano, no es algún hecho real, algo serio que debe ir a juicio, sino lo que pueda pasar por la mente de un funcionario con poder. En los regímenes comunistas la relación causa a efecto es precisamente esa: la causa es el funcionario que decide y el efecto lo padece el ciudadano objeto de la decisión. Para eso se hacen unas leyes similares a las que fabrica actualmente al por mayor la Asamblea Nacional.
Esa bruja me vigila
El sistema de vida que intentan crear las nuevas leyes, posee sus exigencias y una de ellas es la necesidad de formar los funcionarios que tomarán las decisiones arbitrarias en contra del resto de la ciudadanía.
Es importantísima la recién aprobada en primera discusión Ley de Reforma de la Ley de los Consejos Comunales, porque separa definitivamente a los Consejo Comunales de las autoridades regionales (alcaldías y gobernaciones), para vincular directa y económicamente cada Consejo Comunal con el gobierno central. Estos Consejos se transforman en el brazo ejecutor y ojo vigilante del gobierno en cada comunidad. Su más cercano equivalente son los CDR cubanos, cuyos miembros gozan, por la vía del sapeo, de un poder de vida o muerte sobre sus vecinos. Al preguntar cuánto ganan los miembros de los CDR cubanos, me contestaron: ganan poder. Allá se llaman “Comités de Defensa de la Revolución”. Acá su nombre será “Consejos Comunales”.
La letra chiquita
Con esas nuevas leyes es igual que con los seguros de vida: hay que leer lo que está puesto en letra chiquita.
Los venezolanos, acostumbrados a las libertades democráticas, todavía no se han percatado de la importancia de esa letra chiquita, que aparece en forma idéntica en cada ley ideada para arrebatar al ciudadano sus bienes y el fruto de su trabajo. Consiste en que esas palabritas que parecieran sobrar, son lo principal, porque constituyen el enrejado para controlar los 26 millones de almas que conforman la población venezolana. Unos ciudadanos se verán coaccionados por el temor de perder lo que tienen y otros serán impulsados por el poder que se les habrá dado sobre los demás.
Ambos grupos, sin darse cuenta, habrán dejado de ser hombres y mujeres libres. Conformarán la infeliz sociedad clasista y discriminatoria, propia de los regímenes comunistas.
Lo realmente increíble en todo esto, es la mansedumbre del bravo pueblo. Todo está ocurriendo bajo sus ojos. ¿Cuánta gente lo ve y lo entiende?

Artículo publicado originalmente en el semanario Zeta
Por cierto... ¿Ha leido Ud el Acta de la última Asamblea?
Pida una copia y verá como Ud, quizás sin siquiera saberlo, acusó, denunció, juzgó, sentenció, levantó expedientes sin pruebas contra otros vecinos y aprobó leyes habilitantes que le dan poderes extraordinarios a la JdC.... pero no se preocupe.
"Cualquier parecido a la actual AN es pura casualidad"